Casi 40.000 familias pierden su casa en España en 2012 por impago de hipoteca

Un total de 39.167 viviendas fueron entregadas a los bancos en 2012 en España como resultado de procedimientos de ejecución hipotecaria, según los datos de una encuesta publicada hoy por el Banco de España. El estudio revela que en el 83 % de los casos (32.490) se trataba de la vivienda habitual. Los resultados de la encuesta reflejan también que algo más de la mitad de las entregas fueron voluntarias, y que de ellas el 75 % se produjeron bajo la forma de daciones en pago, fórmula que conlleva la extinción de la deuda mediante la entrega de la vivienda, que en el 89,5 % de los casos era el domicilio habitual. En los otros casos fue necesario acudir a la vía judicial para que los bancos tomaran posesión de las viviendas y en ocasiones fue necesaria la intervención de la fuerza pública. Los desahucios han provocado en España un movimiento social de apoyo a las víctimas de los mismos, a través de iniciativas como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PHA), que se ha extendido por todo el país, cuyo objetivo es impedir estos procedimientos mediante la movilización ciudadana. El supervisor informa también de que, el pasado 31 de diciembre, el número de hipotecas en vigor en España era de 6.770.083, de modo que las entregas de viviendas suponen un 0,58 % sobre esa cifra. Además, el 85 % de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales fueron firmadas en 2007 o antes de ese año, es decir, antes del estallido de la "burbuja" inmobiliaria. En España hay miles de inmigrantes amenazados de desahucio por impago de sus créditos hipotecarios, víctimas de la grave crisis económica que sufre el país y por la que muchos de ellos han perdido su empleo. El pasado marzo el Gobierno anunció que modificará la legislación española sobre desahucios e hipotecas para adaptarla a la ley europea, tras una sentencia del Tribunal Justicia de la UE en la que consideraba que en España se menoscaba la efectividad de la protección de los consumidores que pretende garantizar la directiva europea sobre cláusulas abusivas en los contratos. Esta es la primera vez que el Banco de España hace públicos datos de este tipo, recabados mediante una encuesta dirigida a un conjunto de entidades bancarias que gestionan más del 85 % del total del crédito hipotecario vivo concedido a hogares para la compra de viviendas.