La Convergencia Nacional de Abogados (CONA), sometió al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Diandino Peña, por presuntos actos de corrupción durante la construcción de la segunda línea del Metro de Santo Domingo.
Según la querella presentada por Yúniol Ramírez, presidente de la Cona), el funcionario habría distraído en su provecho unos 146 millones de pesos retenidos con base en la ley 6-86, que manda a retener el 1% del costo de las obras públicas y privadas para nutrir el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción.
El jurista atribuye a Peña haber incurrido en la violación de los artículos 169,170, 171 y 172 del Código Penal Dominicano, que versan sobre el desfalco.
Ramírez explicó que conforme al artículo 12 de la legislación, su violación acarrea penas de hasta seis meses de prisión.
"En el caso hipotético de que la Fiscalía no diera curso a la presente querella, constituiría una evidente violación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, y un claro encubrimiento de los corruptos, ya que dichos instrumentos fueron ratificados por la República Dominicana, toda vez que el Ministerio Público está facultado a perseguir, incluso de oficio, este tipo de actuación", sostuvo.
La Convergencia Nacional de Abogados (CONA), sometió al director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), Diandino Peña, por presuntos actos de corrupción durante la construcción de la segunda línea del Metro de Santo Domingo.
Según la querella presentada por Yúniol Ramírez, presidente de la Cona), el funcionario habría distraído en su provecho unos 146 millones de pesos retenidos con base en la ley 6-86, que manda a retener el 1% del costo de las obras públicas y privadas para nutrir el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción.
El jurista atribuye a Peña haber incurrido en la violación de los artículos 169,170, 171 y 172 del Código Penal Dominicano, que versan sobre el desfalco.
Ramírez explicó que conforme al artículo 12 de la legislación, su violación acarrea penas de hasta seis meses de prisión.
"En el caso hipotético de que la Fiscalía no diera curso a la presente querella, constituiría una evidente violación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, y un claro encubrimiento de los corruptos, ya que dichos instrumentos fueron ratificados por la República Dominicana, toda vez que el Ministerio Público está facultado a perseguir, incluso de oficio, este tipo de actuación", sostuvo.
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